Actualizado: 26 de octubre de 2026
El Boletín Oficial del Estado de 7 de octubre de 2026 ha publicado el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (BOE-A-2026-20823). La norma, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, perfecciona y sustituye al previo RDL 26/2026 y redefine por completo las reglas de juego en los procedimientos de desahucio y ejecución procesal.
No hay una paralización indiscriminada sino un régimen asimétrico y ciertamente algo caótico: el resultado de un desahucio ya no depende únicamente de la causa procesal o de la vulnerabilidad del ocupante, sino de forma determinante del perfil del propietario o demandante. Por ello, para comprender el impacto real de la reforma, resulta imprescindible analizarla desde la perspectiva de los sujetos afectados: pequeños propietarios, propietarios ordinarios o grandes tenedores, fondos de inversión especulativos y los propios inquilinos u ocupantes.
💡 Ideas clave: ¿En qué casilla se encuentra usted?
- Pequeño propietario (persona física titular de 2 o menos viviendas): La ley lo excluye expresamente de las suspensiones por vulnerabilidad en desahucios por vencimiento y precario (art. 2.2). En impagos, la Administración debe pagar la deuda en 2 meses o subrogarse como pagadora.
- Propietario ordinario / Gran tenedor (persona física con más de 2 viviendas o persona jurídica): El desahucio puede suspenderse hasta un máximo de 3 años (con revisión anual), pero con derecho íntegro a compensación pública por rentas dejadas de percibir, suministros impagados, costas procesales e intereses.
- Fondos y entidades especulativas (art. 2.1): Suspensión judicial preceptiva y obligatoria de los lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2030, sin derecho alguno a compensación económica a cargo del erario público.
- Inquilinos y ocupantes: La solicitud ante el juzgado paraliza provisionalmente el lanzamiento a través del LAJ, pero su suspensión definitiva dependerá de que se acredite la vulnerabilidad, la falta de alternativa habitacional y, sobre todo, del perfil de la parte demandante.
- Vigencia condicionada: Al tratarse de un real decreto-ley, requiere la preceptiva convalidación parlamentaria por el Congreso de los Diputados.
Guía rápida: matriz de impacto según el perfil del demandante
| Perfil del Propietario / Demandante | Impago de Rentas | Vencimiento de Contrato | Ocupación / Precario | Compensación Económica |
|---|---|---|---|---|
| Pequeño Propietario (Persona física titular de 2 o menos viviendas) | Enervación extraordinaria en 2 meses o subrogación obligatoria de la Administración (art. 22.6 LEC). | NO se suspende el desahucio. Excepción expresa del art. 2.2: el lanzamiento continúa. | NO se suspende el desahucio. La vulnerabilidad del ocupante no frena el desalojo. | Cobro garantizado de la deuda en impago vía enervación o subrogación administrativa. |
| Propietario Ordinario / Gran Tenedor (Persona física con > 2 viviendas o persona jurídica no especulativa) | Enervación extraordinaria en 2 meses. Si no se abona, subrogación de la Administración en la posición deudora y el contrato. | Suspensión máxima de 3 años (revisión judicial cada 12 meses) si el inquilino no tiene alternativa habitacional. | Suspensión temporal máxima de 3 años condicionada a la falta de alternativa habitacional. | SÍ. Derecho íntegro a compensación económica por rentas, suministros, costas procesales e intereses. |
| Fondo o Entidad Especulativa (Entidad del art. 2.1 RDL 29/2026 – «Fondos buitre») | Suspensión obligatoria por auto judicial hasta el 31 de diciembre de 2030. | Suspensión obligatoria por auto judicial hasta el 31 de diciembre de 2030. | Suspensión obligatoria por auto judicial hasta el 31 de diciembre de 2030. | NO. La norma excluye expresamente cualquier compensación pública a favor de estas entidades. |
1. Pequeño Propietario (Persona física titular de 2 o menos viviendas)
El pequeño propietario persona física es el sujeto con mayor nivel de salvaguarda procesal en la nueva regulación. El legislador ha querido diferenciar la inversión de particulares en una segunda vivienda de aquellos otros casos donde considera que el fin o el cometido es especulativo:
A) Desahucio por vencimiento de contrato (expiración del término)
Es el cambio procesal más favorable para este colectivo: el artículo 2.2 in fine del RDL 29/2026 establece expresamente que no prevalecerá la situación de vulnerabilidad económica de la parte demandada cuando la parte demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas. Por tanto, si el contrato ha finalizado y el inquilino rehúsa marcharse, el juez no acordará la suspensión del lanzamiento por motivos sociales y ordenará la continuación de la ejecución.
Asimismo, a este perfil no le resulta aplicable la prórroga obligatoria de un año del artículo 10.2 de la LAU (que queda reservada a arrendadores grandes tenedores). En cuanto a la prórroga de hasta dos años de la Disposición final quinta, el propietario puede oponerse válidamente si acredita la necesidad de la vivienda para sí o sus familiares directos (art. 9.3 LAU) o si el arrendatario no estuvo puntualmente al corriente de pago durante los ocho meses anteriores.
B) Desahucio por impago de rentas
Si el inquilino deja de pagar, opera el mecanismo de enervación extraordinaria (art. 5.Dos que introduce el art. 22.6 LEC). El juzgado otorga un plazo improrrogable de dos meses a la Administración autonómica competente para consignar el importe íntegro adeudado junto con las costas procesales. Si la Administración no abona la deuda ni facilita una alternativa habitacional, queda subrogada automáticamente por ministerio de la ley en la posición deudora del inquilino. Para el propietario particular, esto significa que el cobro de la renta pasa a estar respaldado de forma directa por la Administración pública, devengándose intereses de demora si esta se retrasa en el pago.
C) Precario y ocupación sin título
En las demandas de recuperación posesoria frente a ocupantes sin título o en precario (art. 250.1.2.º y 4.º de la LEC), la condición de persona física titular de dos o menos viviendas impide que el demandado paralice el lanzamiento alegando vulnerabilidad social, ordenando el juzgado el inmediato desalojo.
Requisito procesal indispensable: Para beneficiarse de este régimen especial, el propietario debe aportar junto con la demanda una certificación del Registro de la Propiedad que acredite que no es titular de más de dos inmuebles de uso residencial.
2. Propietario Ordinario y Gran Tenedor (Personas físicas con > 2 viviendas o Personas jurídicas)
En este bloque se encuadran aquellos propietarios que no cumplen la condición de pequeños tenedores pero que tampoco tienen la consideración de fondos de adquisición especulativa: particulares con tres o más viviendas, empresas patrimoniales familiares, personas jurídicas ordinarias o entidades dedicadas al alquiler asequible y social.
A) Desahucio por vencimiento de contrato
Si el arrendatario acredita encontrarse en situación de vulnerabilidad económica (conforme a los baremos ampliados del artículo 441.7 LEC) y carencia de alternativa habitacional, el tribunal no ordenará el lanzamiento inmediato:
- Límite temporal estricto: Se acuerda una suspensión máxima de 3 años de duración.
- Revisión periódica anual: El tribunal tiene la obligación legal de revisar de oficio o a instancia de parte la subsistencia de la vulnerabilidad cada 12 meses.
- Derecho a compensación económica: La resolución judicial reconoce a favor del arrendador el derecho a percibir con cargo a la Administración autonómica una compensación integral que comprende: las rentas contractuales dejadas de percibir, los gastos de suministros impagados y las costas procesales devengadas, con devengo de intereses en caso de demora administrativa.
B) Desahucio por impago de rentas
Rige igualmente la enervación extraordinaria del artículo 22.6 de la LEC. La Administración dispone de dos meses para satisfacer el importe adeudado y las costas. De no hacerlo, se produce la subrogación automática de la Administración en el contrato de arrendamiento, garantizando el cobro periódico de la renta al propietario mientras subsista la vigencia contractual declarada judicialmente.
C) Precario y ocupación sin título
El procedimiento queda sujeto a la suspensión por un máximo de 3 años si el ocupante es vulnerable y no dispone de alternativa habitacional, devengándose la correspondiente compensación económica a favor del propietario a cargo de la Administración autonómica durante el tiempo que dure la paralización.
3. Fondos y Entidades de Adquisición Especulativa (Art. 2.1 RDL 29/2026)
La norma impone el régimen más gravoso sobre lo que la exposición de motivos denomina coloquialmente «fondos buitre», definidos como aquellas entidades, con o sin personalidad jurídica, dedicadas a la adquisición de inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio sustancialmente inferior a su valor de mercado con el fin de maximizar beneficios mediante rentas desproporcionadas o usos no residenciales (excluyendo a entes públicos y gestores de alquiler social).
A) Tratamiento unificado en todos los procedimientos (Impago, Vencimiento y Precario)
- Suspensión obligatoria por auto hasta el 31 de diciembre de 2030: Cuando el demandado acredite vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional, el tribunal suspenderá preceptivamente el proceso y el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2030, con independencia de la fase procesal en que se encuentre e incluso si ya recayó sentencia firme previa.
- Cero compensaciones públicas: El legislador deniega expresamente a estas entidades cualquier tipo de compensación económica por rentas o suministros impagados con cargo a los fondos públicos.
- Restricciones de adquisición (Art. 1): El RDL 29/2026 amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la prohibición para grandes tenedores y entidades vinculadas de adquirir inmuebles residenciales por precios inferiores al 70 % de su valor de tasación oficial homologada por el Banco de España.
4. Inquilinos y Ocupantes en Situación de Vulnerabilidad
Para la parte demandada que afronte un procedimiento judicial, la norma condiciona cualquier medida de protección a la acreditación rigurosa de vulnerabilidad económica y carencia de alternativa habitacional mediante informes de los servicios sociales. Si bien la solicitud admitida a trámite activa una paralización provisional por el LAJ, la resolución judicial definitiva queda estrictamente supeditada al perfil del arrendador: la suspensión decae y se ordena el lanzamiento frente a personas físicas con dos o menos viviendas, mientras que se acota a un máximo de tres años con compensación pública ante propietarios ordinarios, o hasta el 31 de diciembre de 2030 sin compensación si la demanda proviene de un fondo especulativo.
En el ámbito contractual, el arrendatario de vivienda habitual con contrato vigente que finalice antes del 31 de diciembre de 2028 puede acogerse a la prórroga extraordinaria de hasta dos años si ha estado al corriente de pago mes a mes durante los ocho meses anteriores (salvo necesidad real y acreditada de la vivienda para el arrendador o su familia), o a la prórroga de un año del artículo 10.2 de la LAU cuando el arrendador tenga la condición de gran tenedor.
Impacto en Ejecuciones Hipotecarias y Cesión de Créditos
El RDL 29/2026 también introduce exigencias reforzadas en las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual (art. 685.2 LEC):
- Acreditación registral obligatoria: La entidad ejecutante debe manifestar expresamente si ostenta la condición de gran tenedor. En caso de negar dicha condición, está obligada a acompañar certificación del Registro de la Propiedad que acredite la relación de inmuebles residenciales a su nombre.
- Restricciones a la cesión de deuda (Ley 5/2019): Se prohíbe la cesión de créditos hipotecarios vencidos sobre deudores protegidos por el Código de Buenas Prácticas. Si se cede un crédito sobre vivienda habitual, el deudor debe ser notificado fehacientemente y dispone de seis meses para acreditar los requisitos de protección, obligando al banco cedente a recomprar el préstamo y reanudar las medidas de alivio.
Plazos y fechas clave del nuevo marco normativo
- 8 de octubre de 2026: Entrada en vigor oficial del Real Decreto-ley 29/2026.
- 2 meses: Plazo perentorio de la Administración autonómica para enervar la acción en desahucios por impago antes de la subrogación legal automática.
- 6 meses: Plazo del deudor hipotecario para reclamar la readquisición de su préstamo cedido.
- 12 meses: Intervalo obligatorio de revisión judicial periódica en las suspensiones acordadas al amparo del artículo 2.2.
- 3 años: Límite máximo e improrrogable de suspensión del procedimiento para propietarios del artículo 2.2.
- 31 de diciembre de 2027: Límite temporal extraordinario a la actualización anual de rentas (disp. final 6.ª).
- 31 de diciembre de 2028: Fecha tope para solicitar la prórroga extraordinaria de hasta dos años en contratos de arrendamiento vigentes.
- 31 de diciembre de 2030: Vigencia máxima del régimen de suspensión preceptiva frente a fondos y entidades especulativas (art. 2.1) y de la limitación a adquisiciones por debajo de mercado (art. 1).
Errores frecuentes que deben evitarse
- Creer que la ley prohíbe todos los desahucios: Los pequeños propietarios (personas físicas con ≤ 2 viviendas) pueden recuperar su vivienda por vencimiento o precario sin que la vulnerabilidad del demandado paralice el lanzamiento.
- No certificar la condición patrimonial en la demanda: Omitir la certificación registral de bienes inmuebles puede dilatar meses el procedimiento o motivar la inadmisión inicial.
- Pensar que el pago tardío no afecta a la prórroga: Para exigir la prórroga de hasta dos años de la DF 5ª, la ley exige haber estado al corriente mensualmente durante los ocho meses anteriores; los impagos reiterados que motivaron requerimientos fehacientes permiten al arrendador denegarla válidamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si el propietario tiene exactamente dos viviendas?
Se encuadra dentro de la excepción de protección al pequeño tenedor del artículo 2.2. Si demanda por vencimiento de contrato o por ocupación sin título, el tribunal no aplicará la suspensión por vulnerabilidad y ordenará la prosecución del lanzamiento.
¿Qué sucede si el arrendador es una sociedad familiar o patrimonial con un solo piso?
Al ser una persona jurídica, no se beneficia de la excepción automática de las personas físicas del art. 2.2. No obstante, al no ser una entidad especulativa, el desahucio solo podrá suspenderse por un máximo de 3 años y con derecho a que la Administración abone mensualmente la compensación por las rentas y suministros.
¿Se aplica la suspensión a contratos que vencieron antes del 8 de octubre de 2026?
En el plano sustantivo, el inquilino no puede exigir la prórroga de dos años si el contrato ya estaba extinguido antes de la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, en el plano procesal, si el lanzamiento no se ha practicado, el ocupante puede activar el incidente de suspensión judicial, el cual solo prosperará si el demandante tiene más de dos viviendas o es un fondo especulativo.
¿Qué consecuencias tiene que el Congreso no convalide el RDL 29/2026?
Conforme al artículo 86 de la Constitución, el real decreto-ley debe ser convalidado en el plazo de 30 días desde su promulgación. De no convalidarse, decaería su vigencia hacia el futuro, reanudándose los plazos ordinarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Conclusiones
El Real Decreto-ley 29/2026 establece un mapa procesal en el que la condición subjetiva del propietario es el factor decisorio clave. Mientras los fondos especulativos sufren una paralización sin paliativos hasta 2030, los pequeños propietarios conservan la vía expedita para recuperar sus inmuebles por expiración de plazo y precario, al tiempo que los propietarios ordinarios cuentan con un mecanismo reglado de garantía económica pública frente a suspensiones temporales.
Dada la complejidad técnica de la norma y la trascendencia de los plazos procesales en curso, en Prismabogados, despacho especialista en derecho inmobiliario y arrendaticio, asesoramos para proteger sus derechos con arreglo al nuevo marco normativo consolidado.

Artículo revisado por:
Miguel Butler
🔨 Abogado especialista en Desahucios y Derecho Inmobiliario
🎯 + 1.000 procedimientos tramitados
🏛️ Colegiado 93.472 Icam


